En esta fotografía de archivo del 5 de diciembre de 2017, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández conversa con la prensa en Tegucigalpa, Honduras. El tribunal electoral de Honduras declaró el domingo a Hernández el vencedor de los comicios del 26 de noviembre. Fernando Antonio, Archivo AP Foto
En esta fotografía de archivo del 5 de diciembre de 2017, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández conversa con la prensa en Tegucigalpa, Honduras. El tribunal electoral de Honduras declaró el domingo a Hernández el vencedor de los comicios del 26 de noviembre. Fernando Antonio, Archivo AP Foto

18 DE DICIEMBRE DE 2017

 

La OEA envió observadores electorales al país.

Nasralla planeaba reunirse en la tarde del lunes con funcionarios del Departamento de Estado para explicarles detalles sobre el supuesto fraude, pero expresó pocas expectativas sobre el posible rol de Washington.

“Estados Unidos nos mira como un país muy pequeño. Ellos tienen problemas más grandes en el contexto de la política mundial y por lo tanto no le dan la suficiente importancia que nosotros quisiéramos”, señaló.

En San Pedro Sula -la segunda ciudad más importante de Honduras-_el reportero de Radio América, Ronny Ortiz dijo que “casi todo está cerrado” y agregó que “existe mucha tensión en las calles”.

Los manifestantes ocuparon vías estratégicas en todo el territorio nacional con piedras y neumáticos incendiados para impedir el paso de vehículos, mientras miles de personas intentaban llegar a pie a sus centros de trabajo. Muchas universidades, escuelas y bancos estaban cerrados.

Soldados y policías fueron vistos quitando obstáculos en las vías, que casi de inmediato los partidarios de Nasralla colocaban de nuevo.

Nasralla culpó al gobierno de la violencia que sacude a la nación centroamericana.

“Hemos llamado a manifestaciones pacíficas”, dijo a reporteros en la OEA. “La violencia no es nuestra, es del presidente de la república porque ellos infiltran nuestras manifestaciones pacíficas”.

Al menos 16 personas han muertos en todo el país en los disturbios registrados desde los comicios.

Según el recuento oficial del Tribunal Supremo Electoral el presidente fue reelegido con 42,95% de los votos en las elecciones del 26 de noviembre frente al 41,42% de Nasralla, quien antes del anuncio del domingo cuestionó el resultado y dijo que no lo reconocería.

“Es mejor estar encerrados en nuestras casas”, afirmó a The Associated Press María Velásquez, una maestra que reside en Valle de Ángeles, una ciudad cercana a Tegucigalpa.

“Tratamos de que todo vuelva a la normalidad”, afirmó a AP el vocero policial, subcomisionado Jairo Meza. “Coordinamos acciones a lo largo y ancho en el país con el apoyo de las fuerzas armadas”. Por ahora no hay reportes de detenidos.

En la salida de La Lima, a unos 300 kilómetros al norte de Tegucigalpa y cerca de San Pedro Sula, una turba quemó con bombas incendiarias un autobús. El empresario del transporte Adán Fúnez, dueño del autobús incendiado, aseguró a periodistas las pérdidas son superiores a los 300.000 dólares.

“No peleamos por Nasralla ni por nadie, peleamos por nuestros derechos”, dijo la vendedora ambulante María Gutiérrez mientras bloqueaba con decenas de personas la entrada a la populosa colonia Kennedy, al sur de Tegucigalpa. “Lo que queremos es que se vaya el delincuente que tenemos de presidente”, añadió.

El paro nacional fue convocado por el depuesto expresidente Manuel Zelaya (2006-2009) para presionar a Hernández a que busque una salida política a la crisis. Zelaya es coordinador de la Alianza de Oposición contra la Dictadura que respalda llevó a Nasralla como candidato.

La presidencia emitió un comunicado en el que no se refirió a la crisis que enfrenta el país y sólo hizo mención a las felicitaciones que Hernández recibió del presidente colombiano Juan Manuel Santos.

Hernández, un empresario de 49 años y exlegislador, asumió la presidencia en enero de 2014 y logró apoyo mientras se reportaba una baja en la violencia en la nación centroamericana. Pese a que la constitución de 1982 prohíbe la reelección, logró postularse gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de mayo de 2015 que los opositores consideran ilegal.

El Consejo de la Empresa Privada, que aglutina a 57 organizaciones de hombres de negocios, sostuvo en un comunicado que “el proceso postelectoral ha sido bastante difícil para los hondureños (por) la demora de la declaratoria del presidente electo, lo que ha traído como principal consecuencia la polarización de la población y ha alterado la paz y tranquilidad en nuestro país”.

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Luis Alonso Lugo reportó desde Washington.

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