EL BIEN MAYOR …

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La transparencia y el estricto apego a la ley en el combate a la corrupción.

 

Opinión de: Víctor Manuel Aguilar Gutiérrez

@aguilargvictorm

 

 

 

La administración pública se rige por el derecho administrativo el cual es parte del derecho público. La premisa fundamental es que los sujetos de derecho público solo pueden hacer lo que la ley les faculta, mientras que en el derecho no público los sujetos pueden hacer cualquier cosa siempre y cuando la ley no se los prohíba.

Los servidores públicos, desde el presidente de la república hasta el más modesto puesto, están sujetos al derecho administrativo y solo pueden hacer lo que la ley los faculta. No observar esta regla podría llevar al servidor público a cometer una responsabilidad que podría tipificarse como usurpación de funciones o abuso de autoridad, entre otras.

Todos los servidores públicos protestan: “cumplir y hacer cumplir la ley, y si no lo hicieren que el pueblo se los demande”.

A partir de la alternancia de poder en el 2000 los instrumentos legales para combate a la corrupción se fortalecieron, algunos ya existían otros se crearon. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre otras disposiciones de carácter penal, son el marco jurídico principal del combate a la corrupción.

La transparencia es fundamental ya que a través de los mecanismos para obtener información la sociedad puede conocer sobre los sueldos, gastos, actividades o cualquier información gubernamental, mientras esta no sea confidencial o reservada de acuerdo con lo establecido en la misma ley.

La difusión de la cartilla moral de Alfonso Reyes que actualmente se distribuye tanto a servidores públicos como a beneficiarios de los programas gubernamentales constituye una acción educativa que ayuda a la promoción de valores, muy necesarios en nuestra sociedad, pero la observancia de una cartilla moral no sustituye al cumplimiento del orden jurídico. En un Estado de Derecho, por más honesta y ética que sea una persona no esta exenta del cumplimiento de la ley.

Las conferencias de prensa diarias y mañaneras si bien son un excelente medio de comunicación con el público, no necesariamente constituyen un medio de rendición de cuentas, pocas veces se respalda lo mencionado con documentación y cuando se preguntan temas delicados pocas veces se contesta de manera directa y clara sin culpar al “liberalismo” o algún otro fantasma del pasado,  o simplemente desviar la respuesta con otro tema o con el estribillo “nosotros somos honestos” (y por ende nadie puede osar dudar de la honestidad del presidente). Para que esta administración mantenga el alto índice de credibilidad que tiene, debe asumirse como gobierno, cuidar lo que dice, ser más objetivo y acreditar fehacientemente cada declaración y recordar que gobierna para todos evitando dividir a la sociedad.

El organismo autónomo encargado de garantizar la transparencia y el acceso a la información es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Desde que existe el derecho a la información las diferentes dependencias han sido reacias a proporcionar información, sin embargo, generalmente han acatado las disposiciones del INAI. Esperemos que esta administración también acate las disposiciones y no se justifique atacando al INAI o a sus consejeros como escudo para no proporcionar información.

El INAI recomendó: “el gobierno debe transparentar los contratos de adquisición de pipas”, compra que se realizó mediante una adjudicación directa, es decir no se realizó a través de una licitación pública y abierta como correspondería.  Así también, la titular de la Secretaría de Energía señaló en días pasados que la licitación para el proyecto de la nueva refinería de Dos Bocas, en Tabasco, será restringida. indicó que la restricción busca evitar que participen empresas con antecedentes de corrupción, de esta manera, descarto una licitación abierta como estipula la Ley de Adquisiciones para estos casos. Parece ser que los métodos de asignación directa e invitación a cuando menos tres personas o compra restringida como también se le conoce son los preferidos de esta administración. Pero esto genera un “foco rojo” porque de esta forma han operado en otras administraciones tachadas de corruptas y existen muchos servidores públicos sancionados por este motivo por montos y compras mucho menores a las mencionadas. De la misma manera en que durante una de las conferencias de prensa mañaneras se leyó el articulo de la Constitución que menciona los principios que debe adoptar México en materia de Relaciones Exteriores, así también se lean los artículos correspondientes en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público sobre los procesos que debe observar la administración pública federal en materia de compras.

La situación se agrava cuando existe un solo comité central de compras el cual concentra estas decisiones y se puede prever que excluirá a muchos proveedores locales con poca capacidad de cabildeo causando también un grave daño a las economías regionales ya que las derramas económicas se concentraran en las pocas empresas “honestas” según el presidente, no dándole ni siquiera el beneficio de la duda a otras empresas no “conocidas” por la actual administración y por lo tanto se presume que no son honestas. Ante esta situación el pronunciamiento de la secretaría de la Función Pública resulta interesante para que no quede como una instancia solapadora del presidente como lo fue en la administración de Peña Nieto. Por ello, es importante que los integrantes de los organismos que tienen que ver con el combate a la corrupción no sean nombrados por el presidente para no crear conflictos de interés que derive en Servidores Públicos “carnales” como se les ha llamado.

En el combate a la corrupción el Ejecutivo Federal debe poner el ejemplo como tantas veces lo ha dicho, bien haría en transparentar las acciones de su gobierno y acatándose al cumplimiento de la ley evitando salirse de ella con argumentos subjetivos y cuestionables. Por más “Fe” que los ciudadanos, pueblo bueno y sabio, tengan en este gobierno deberán demandar el estricto cumplimento de la ley de otra manera también serán cómplices de la corrupción que por este motivo se genere, como el mismo presidente dice citando a Juárez: “Dentro de la Ley todo, fuera de la Ley nada”.

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