Demanda Cámara de Diputados de Oaxaca a FGR, investigar de oficio agravios del 2006 para que sea enjuiciado el ex gobernador Ulises Ruiz

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Oscar Rodríguez 

En Oaxaca, el pleno de la legislatura local, aprobó de urgente y obvia resolución, exhortar al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, a iniciar de oficio las investigaciones relacionadas con violaciones a derechos humanos de personas que participaron durante el movimiento social oaxaqueño durante los años 2006 y 2007.

El llamado de la representación popular, obtuvo 37 de 42 votos y busca llevar a la justicia a los responsables de las ejecuciones extra judiciales, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como las violaciones al debido proceso y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado Mexicano.

 Al justificar el punto de acuerdo, la legisladora, Arcelia López Hernández, consideró necesario llevar ante la justicia al ex gobernador priista, Ulises Ruíz (2004-2010), y a los demás responsables intelectuales y materiales de la represión  cometida en contra el movimiento social gestado en 2006 por la sección 22 de la CNTE y las organizaciones de la sociedad civil.

La demanda retoma lo evidenciado en el informe: “¡Ya sabemos! No más impunidad en Oaxaca”, emitido por la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO), el cual, concluye que el Estado violó de manera masiva y sistemática derechos humanos como la presunción de inocencia, los relacionados con el debido proceso y las garantías judiciales.

 De acuerdo con el documento, existen elementos para señalar como responsables al entonces gobernador Ulises Ruiz, al ex procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez y también al ex secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segestre Ríos.

 De igual forma, se señalan al ex director de la Policía Ministerial Estatal Daniel Camarena Flores, al Coordinador de Seguridad, Vialidad y Tránsito municipal, Aristeo López Martínez,  Alejandro Barrita,  Lino Celaya ex mando policial  y Lizbhet Caña ex procuradora , además Jorge Franco y Heliodoro Díaz ex secretarios generales de Gobierno como los responsables de una serie de agravios, los cuales incluyen la tentativa de homicidio calificado, abuso de autoridad, trato cruel, inhumano y degradante.

 Esta demanda surge tras el cumplimento de ordenes de aprehensión, liberadas el jueves 6 de agosto, del ex procurador de justicia de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, el ex director de la Policía Judicial, Daniel Camarena Flores, así como de dos comandantes y cuatro elementos en activo de la Agencia Estatal de Investigaciones, por su probable participación en la desaparición forzada, en mayo de 2017, de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Para los diputados, la aprehensión de los ocho servidores públicos marca un parteaguas en el sistema de justicia mexicano, en el contexto para castigar los crímenes cometidos por el propio Estado.

EX PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA A LA CARCEL

Por otro lado los diputados locales se pronunciaron por que el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador llame a cuenta a su antecesor Enrique Peña Nieto por corrupción.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura Horacio Sosa, dijo que ante el nuevo vuelco que ha tomado el caso Odebrecht, tras la detención del exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya, y que ha develado una serie de sobornos en el sexenio anterior, es urgente que se llame a cuentas a todos los implicados, entre ellos al ex mandatario saliente quien no debe gozar de impunidad.

Horacio Sosa, reconoció que en esta nueva etapa en la impartición de Justicia en México, la Fiscalía General de la República debe actuar con todo rigor contra los corruptos y continuar en la misma ruta para dar con los responsables del dispendio del erario y la mala utilización de los recursos en campañas políticas. 

En video público, el titular de la FGR refirió que en el caso de Emilio Lozoya hubo una serie de sobornos de una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron utilizados para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, el presunto implicado detalla que el expresidente de México y Luis Videgaray le ordenaron entregar el dinero a asesores electorales extranjeros que colaboraron en la campaña presidencial.

La declaración de Emilio “L” sostiene que hubo una compra de votos para las reformas estructurales de 2013 y 2014, por 120 millones de pesos. Este dinero, por órdenes de Peña Nieto y Videgaray, fue entregado a un diputado y cinco senadores, de quienes la FGR reservó los nombres.

En este sentido, el también coordinador del grupo parlamentario de Morena, sostuvo que en el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador se cumple con la premisa de “nada ni nadie por encima de la ley”, ejemplo de ello fue la detención del exfuncionario federal, que actualmente aporta información para dar con los responsables del saqueo del erario de los mexicanos. 

Sosa hizo un llamado a las instancias de justicia en México, para no dejar cabos sueltos en este controvertido tema y de manera histórica entregarle cuentas al pueblo de México. 

“Desde el Congreso de Oaxaca estaremos pendientes y daremos seguimiento de este proceso, no permitiremos que se vuelva a repetir la historia, para eso el pueblo nos eligió y responderemos con cada acto”, finalizó.

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