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El diseño de la política nacional anticorrupción indispensable para los siguientes pasos en el combate a la corrupción: Arely Gómez

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Ciudad de México, 15 de enero de 2018

• Asistió a la Primera Sesión del año del Comité Coordinador del SNA.
• Entregó tres estudios al Comité Coordinador del SNA con el fin de impulsar su pleno funcionamiento.

La Titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, entregó al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) tres documentos: la Política pública de designación de titulares de órganos internos de control y unidades de responsabilidades, el Análisis del modelo de la Plataforma Digital Nacional, y el Programa rector de capacitación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Durante la Primera Sesión Ordinaria de 2018 del Comité Coordinador del SNA, destacó que la entrega de estos insumos muestra la disposición de la SFP para impulsar el pleno funcionamiento del Sistema, y explicó que estos documentos tienen los siguientes objetivos:

Que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) pueda incluir en la Propuesta de la Política Nacional Anticorrupción un programa de trabajo, directrices y proyectos específicos; establecer la Plataforma Digital Nacional y contar con un Programa de capacitación que surja del Comité Coordinador y se replique adecuadamente en todos los integrantes del SNA, a nivel federal y local.

Ante la Presidenta del Comité Coordinador, Jaqueline Peschard, Gómez González explicó que el tema de la capacitación y la profesionalización debe tener una visión cardinal en el diseño y elaboración de la Política Nacional Anticorrupción; e hizo un llamado a seguir por el camino de la coordinación, la suma de esfuerzos, y de voluntades.

También convocó a acelerar los trabajos sobre el formato de declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal, que deberá ser propuesto por el CPC, para el que la SFP ha coordinado un apoyo técnico plural con el Banco Mundial para su generación, y que en este momento requiere de definiciones del propio CPC.

En ese sentido, dijo que el diseño de la Política Nacional Anticorrupción representa una oportunidad histórica para fijar las bases que orientarán las estrategias de todo el país para enfrentar este problema; y de abonar a la construcción de una herramienta que recoja distintos puntos de vista y se elabore con el rigor técnico y metodológico necesario.

Reconoció que en esta materia queda un largo trecho por recorrer: el reto de la instalación completa de este mecanismo sigue latente, sin ignorar ni desestimar los esfuerzos realizados y los logros alcanzados y, sobre todo, tomando en cuenta que el SNA inició funciones hace apenas unos meses.

Formuló un reconocimiento a Jacqueline Peschard por el trabajo bajo su presidencia durante estos meses, y saludó a Mariclaire Acosta, quien a partir del próximo mes encabezará estos esfuerzos, encomienda en la que cuenta con el apoyo de la SFP y el Gobierno de la República, para concretar los proyectos que asuma al frente del Comité Coordinador durante este año 2018.

Con respecto al exhorto solicitado por el CPC sobre la solicitud de información, relativa al caso Odebrecht, la Titular de la SFP anunció su voto a favor de la propuesta, con voto concurrente.

Explicó que el exhorto debería solicitarse en relación con un delito o hecho de corrupción, señalados en el Código Penal Federal que no está vigente, en tanto no se designe al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción. Consideró que el Comité Coordinar debe apegar sus determinaciones al principio de legalidad y transparencia que exigen las leyes.

Desde la SFP consideramos, agregó, que la figura del exhorto debe ser una medida de última instancia. Recordó que debe existir falta de información en relación con el hecho o delito, y el exhorto debe referirse a un caso en concreto.

Además, pidió difundir el sentido de la votación del CPC, ya que el Comité no cuenta con elementos para determinar si la decisión se tomó con la formalidad que la ley requiere. El voto que emito es a favor, concluyó, «en el entendido de que es deseable que la sociedad cuente con la información sobre el estado procesal del caso en comento, pero concurrente en tanto que es importante señalar las circunstancias de fondo y forma que pueden corregirse».

 

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