EL BIEN MAYOR …

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La disfunción de las instituciones, la otra cara de la corrupción.

 

Opinión de: Víctor Manuel Aguilar Gutiérrez

@aguilargvictorm

 

 

A propósito del combate a la corrupción, la atención se ha centrado principalmente en lo relativo al ejercicio del presupuesto público, buscando alcanzar objetivos de ahorro dentro de la llamada “austeridad republicana”.

La otra cara del combate a la corrupción es hacer que el Estado y las instituciones cumplan sus funciones: mantener el orden público, satisfacer necesidades de la población, conducir el desarrollo económico y social.

Para ello, se requiere que la policía investigue y detenga a los delincuentes, que los hospitales curen a los enfermos brindándoles la atención y medicina que requieran; que el sistema de educación pública egrese alumnos preparados; que los sistemas de readaptación social verdaderamente se esfuercen por  reincorporar a la sociedad a los delincuentes;que las instancias encargadas del medio ambiente defiendan nuestras bosques, ríos, lagos y su fauna;  que las fiscalías (antes procuradurías) se encarguen de procesar jurídicamente a los delincuentes; en pocas palabras, que esta o cual dependencia cumpla sus funciones.

Para ello, se requiere el estricto cumplimiento de la ley. Se requiere de la aplicación eficiente del presupuesto. Se requiere que en cada dependencia se asigne a las personas más capaces en el área de su competencia. Se requiere que el interés institucional prevalezca sobre los intereses privados.

Sin embargo, lo que hemos visto y seguimos viendo hasta ahora es: una policía cómplice de los delincuentes; hospitales carentes de medicinas y de capacidad en infraestructura para atender  los enfermos; un sistema de educación pública más preocupado por su ideología, sus plazas y su sindicato que por la enseñanza; un sistemas de readaptación social que parece más bien una universidad del crimen; vemos también, instancias encargadas del medio ambiente cómplices de la destrucción de nuestros recursos naturales; fiscalías (antes procuradurías)  que se encargan de perseguir a opositores políticos; en general vemos una disfuncionalidad de nuestras instituciones.

El combate a la corrupción requiere de una visión integral que involucre a todos los actores y sectores de la sociedad. Requiere de la participación de académicos e investigadores que permitan enmarcar el problema desde la parte conceptual y eliminar la parte ideológica y demagógica con que se ha conducido hasta ahora. La participación del sector educativo y de la familia  es esencial para inculcar valores y construir una sociedad que erradique la corrupción.

El fortalecimiento de las instituciones pasa por dotar oportunamente de los recursos que les corresponden para cumplir sus funciones, no hacerlo también es corrupción.

Es todavía prematuro juzgar los resultados de esta Administración Pública Federal, pero las acciones tomadas parecen no atender el problema íntegramente.

La Secretaria de la Función Pública define corrupción como: “… el abuso de poder para beneficio propio. Puede clasificarse  en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca”, “La corrupción a gran escala consiste en actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común”, “los actos de corrupción menoresconsiste en el abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo y mediano rango al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas,  departamentos de policía  y otros organismos”, la corrupción política es “la manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio”.

La corrupción se ha señalado en esta administración como el principal problema que tiene el país, prácticamente cualquier pregunta que se le haga al Presidente, la respuesta va a ser la misma recayendo en la corrupción, sin embargo, la atención a este problema se ha centrado en el presupuesto, descuidando aspectos como el estricto apego a la ley, la transparencia, la participación ciudadana, también se ha descuidado el correcto funcionamiento de las instituciones.

En el caso de las compras gubernamentales, los procesos se han concentrado en la oficialía mayor  de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cargo de Raquel Buenrostro, lo cual hace menos flexible los procesos, pero de acuerdo a la información dada a conocer por diversas dependencias que operan proyectos de gran impacto como la construcción de la refinería, el tren maya, o la adquisición de medicamentos, se observa un desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico ya que por los montos correspondería un proceso de licitación pública y abierta, sin embargo, los procesos se están haciendo por compra restringida o adjudicación directa, con muy poca transparencia y con muchas deficiencias como el caso de la adquisición de medicamentos.

El Presidente deberá pasar de la retórica a la acción, porque los ciudadanos no esperan un gobierno “tacaño”, sino es un gobierno que funcione y que funcione bien en beneficio de la gente todavía es tiempo para corregir.

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