EL BIEN MAYOR…

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La urgente necesidad del apego a la legalidad

Víctor Manuel Aguilar Gutiérrez

@aguilargvictorm

 

 

Tanto los términos “Estado de Derecho”, así como “legalidad” son comúnmente mencionados como demanda de certeza jurídica para la ciudadanía, así como principio y directriz para la conducción de las políticas públicas, y de la forma en que deben conducirse los servidores públicos. Todos los servidores públicos para ocupar sus encargos debe protestar “cumplir y hacer cumplir la ley”.

Aunque esto siempre ha sido más un objetivo que una realidad, por lo menos anteriormente se buscaba el respaldo de la ley en las acciones gubernamentales, aunque muchas veces cuestionadas por lo menos se cubría la formalidad.

La administración pública se rige por el derecho público cuya máxima es: “Todo servidor público solo puede hacer lo que le faculte la ley”, a diferencia del derecho en general donde se “puede hacer todo, excepto lo que prohíbe la ley”.

A un año de la toma de protesta del actual gobierno, el desapego a la legalidad se da sin pudor alguno, sobre todo en dos de los tres poderes donde predomina la llamada 4T.

El poder legislativo tanto a nivel federal como en los estados continuamente violan las leyes que de este mismo poder han surgido. Ejemplos sobran, como el Caso del Congreso de Oaxaca donde se reformaron artículos al código penal para legalizar el aborto brincándose olímpicamente la Constitución Local que protege la vida desde el momento de la concepción en su artículo 12.

Está también, el caso de Veracruz, donde se destituye ilegalmente al Fiscal de ese Estado quien mantenía una ríspida relación con el gobernador de esa Entidad. O cuando en un proceso desaseado se elige para una posición tan importante como la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a alguien que no cubre los requisitos legales.

También ilustra como ejemplo, las propuestas tan absurdas como la extinción de dominio antes de concluir los juicios correspondientes, lo cual viola un principio fundamental del derecho como la audiencia y defensa: “nadie pueda ser condenado sin ser oído y vencido en juicio”.

Por otro lado, en el Ejecutivo Federal se realizan compras por adjudicación directa, sin observar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que estipula para montos mayores que el procedimiento será por licitación pública y abierta.

Aquella frase atribuida a Benito Juárez: “A los amigos, justicia y gracia. A los enemigos, la ley a secas” parece ser también una máxima para esta administración.

La opacidad con que se conduce la administración y la falta de contrapesos fomentan la discrecionalidad en las decisiones en total desapego al principio de legalidad.

Existe una frase trillada que sirve como muro de contención para preguntas incomodas al Presidente: “No somos iguales, nosotros somos honestos”.

Si bien, nunca hemos tenido un “Estado de Derecho” pleno por lo menos en el discurso, las acciones gubernamentales buscaban ampararse en la ley. Hoy descaradamente y abusando del apoyo popular el gobierno es el primero en apartarse de la legalidad como principio que rige la actuación gubernamental.

Muchos de los lectores sentirán que esto es ajeno a su realidad diaria; sin embargo, esta situación afecta directamente a la cotidianidad. Como cuando a Usted le roban su celular y al levantar la denuncia correspondiente resulta que por la cantidad de requisitos y trabas le hacen sentir que prácticamente el culpable es Usted. De la misma forma si usted renta una propiedad y su arrendatario comete un delito tipificado para extinción de dominio, primero rematarán su propiedad y después si Usted demuestra su inocencia, cuando concluya el juicio correspondiente le entregarán el dinero de la venta de su propiedad a valor del avalúo correspondiente realizado por la misma autoridad.

Por otro lado, si usted tiene una empresa local que oferta un servicio o producto competitivo que requiere el gobierno, no podrá vendérselo, porque por un lado ahora la decisión es tomada en un comité central que desconoce las realidades locales y, por otro lado, lo más probable es que la adquisición se dé por adjudicación directa o compra restringida, es decir, el mismo gobierno, de forma poco transparente y cerrada, decidirá a quien le compra; casualmente los que resultan beneficiados siguen siendo los “cuates”.

La falta de certeza jurídica tarde o temprano repercutirá en los flujos de inversión, dicho de otra forma menos empleo e ingresos para el grueso de las familias mexicanas, aunque en el discurso se diga lo contrario.

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