EL BIEN MAYOR …

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La corrupción aumenta mientras es el discurso hay otros datos.

Víctor Manuel Aguilar Gutiérrez

@aguilargvictorm

 

 

En días pasados, el INEGI dio a conocer que la tasa de prevalencia de corrupción se incrementó de 14 mil 635 víctimas por cada 100 habitantes en 2017, a 15 mil 732 en 2019. Asimismo, la tasa de incidencia también se elevó tras pasar de 25 mil 541 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes en 2017, a 30 mil 456 en 2019. El costo total de la corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos fue de 12 770 millones de pesos. Esta cifra equivale a 3 mil 822 pesos promedio por persona afectada.

En resumen, las cifras anteriores nos revelan un aumento en la corrupción en México. El dato podría no ser noticia sobresaliente, puesto que la corrupción es un problema con el cual estamos acostumbrados a convivir y ser cómplices de ella, ya sea por dar una “mordida” para salir de algún problema o por omisión al ser testigos y no denunciar este tipo de prácticas muy comunes y arraigadas en la vida diaria de los mexicanos.

Para que la corrupción exista se requiere de dos partes: del ciudadano, usuario de algún servicio o quien comete alguna falta; y por otro lado, de un servidor público con el poder de agilizar algún trámite o de hacerse de la “vista gorda” respecto a alguna infracción cometida, ya sea administrativa o legal. Normalmente, se culpa sólo al servidor público, quien por supuesto, si cae en esta práctica incurre en una responsabilidad la cual debe ser sancionada.

Pero pocas veces, se asume como responsable al ciudadano (o dicho en los términos ideológicos de esta administración al integrante del pueblo “bueno y sabio”), quien ofrece y muchas veces exige que el servidos público le acepte alguna dádiva para obtener algún beneficio.

Todos, ya sea de manera directa o indirecta nos hemos visto afectados o beneficiados por la corrupción. Cuando el ciudadano se ve afectado se queja amargamente, pero cuando se ve beneficiado no dice nada. Para muchos, la corrupción es parte de su vida diaria y la actividad económica, lo cual genera costos que ya están descontados en los precios de los productos y servicios que consumimos. En otras palabras, todos pagamos literalmente el costo de la corrupción.

Frente al problema, la pregunta es, ¿qué han hecho los gobiernos para combatir la corrupción? Durante las administraciones de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, se realizaron diversas acciones para combatir este problema, como la modificación y aplicación estricta de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y endurecimiento de los criterios para fincar responsabilidades. Esto ocasionó una especie de parálisis durante la administración de Vicente Fox, por el miedo de los diferentes mandos de la administración pública a tomar decisiones que implicaran el riesgo de caer en alguna falta y ser sancionados por la Secretaría de la Función Pública, en ese entonces a cargo de Francisco Barrio Terrazas. Aun así, existieron casos escandalosos de corrupción que mancho a estas administraciones y opacó los grandes logros obtenidos en la materia.

La administración del presidente Peña Nieto, prácticamente convivió con la corrupción y supo sacar ventaja de ella. Era sabido que la corrupción formaba parte del sistema que representaba y aun así el electorado votó por él en 2012. En el discurso, el Presidente Peña Nieto tuvo el descaro de sugerir que la corrupción es parte de la cultura mexicana, – es un problema de orden cultural – dijo.

La actual administración que encabeza el presidente López Obrador, ganó la elección en 2018, entre otras, con la bandera y promesa de terminar con la corrupción, ya que, según su discurso, todos los males del país se deprenden de este problema (siempre he pensado que lo que más ofrece un candidato es lo que menos puede lograr). Es por esto que los datos que revela el INEGI son sobresalientes y son noticia, ya que cuestionan seriamente los resultados de esta administración y que son responsabilidad única y exclusivamente de la actual administración.

Reza el dicho popular, “no se le pueden pedir peras al olmo”, ya que la actual administración del presidente López Obrador, está compuesta en un número importante por servidores públicos cuestionados por corrupción y casualmente quienes fueron excluidos por esta causa de grupos señalados también por corrupción, es decir, son los más corruptos dentro de los corruptos.

En 2019, primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la corrupción aumentó, el presidente deberá tomar medidas y asumir su responsabilidad y promesa dejando a un lado los otros datos que le sirven de distractor y justificación. No se puede defender lo indefendible. El pueblo «bueno y sabio» tendrá que abrir los ojos, o de lo contrario será víctima de su propia «bondad y sabiduría». Estamos a tiempo para rectificar, eso sí es de sabios.

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