EL BIEN MAYOR…

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Más endeudamiento, más impuestos… el costo de los errores.

Víctor Manuel Aguilar Gutiérrez

Los errores en las decisiones gubernamentales saltan a la vista. Si no se logran ver los errores, si se sentirán las consecuencias en el bolsillo de las familias. El discurso oficial ya está preparando el terreno para señalar que otros son los culpables del desastre que viene. La preocupación del presidente no está en la gente, en su salud o en su economía, está en obtener votos en las próximas elecciones. El eje para lograr este objetivo son los programas sociales, a través de los cuales busca “comprar” el voto “sobornando” a ese pueblo “sabio y bueno” con la dadiva oficial. Los que no votan quedan fuera del beneficio gubernamental como los niños, a quienes se les quitó las guarderías y los tratamientos para males como el cáncer. El financiamiento a los programas electoreros está por encima de cualquier prioridad gubernamental aunque en esto se lleve la salud y la vida de los mexicanos. En términos presupuestales el dinero simplemente no alcanza.

Los gobiernos priistas en los que se formó López Obrador de 1970 a 1988 presentaban un comportamiento económico previsible. Los mejores años en términos económicos, fueron los años electorales; y los peores, los posteriores a las elecciones. Los años electorales se caracterizaban por el dispendio de recursos y los años siguientes por pedirle al pueblo que se “ajuste el cinturón” y por el sobre endeudamiento público. Finalmente, el monto de la deuda se acumuló y fue en el sexenio de Miguel de la Madrid en donde superó al PIB. Después de la borrachera viene la resaca.

Fueron los gobiernos “neoliberales” los que lograron estabilizar la economía, aunque con un alto costo social. Después de treinta años parece que la historia se repite. Bien dicen que quien no conoce la historia está condenado a repetirla.

Dice López Obrador que ellos no son iguales y que no endeudarán más al país, ¿usted le cree?, yo tampoco… Todo apunta a que la historia se repetirá.

En días pasados se dio a conocer que el Banco Mundial le prestó a México mil millones de dólares en tan solo uno de los cinco créditos contratados por el gobierno federal con este banco, que suman en total 2 mil 130 millones de dólares. Para que se dé una idea del tamaño de esta deuda, esta cifra casi alcanza a la deuda contraída por México durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. A los créditos recibidos del Banco Mundial hay que sumarle el financiamiento que el actual gobierno ha obtenido de otras fuentes.

El destino de los recursos obtenidos por deuda es poco claro. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha declarado que estos recursos, sobre todo del último crédito del Banco Mundial, no se destinaran a programas relacionados al Covid-19. El tipo de crédito solicitado no está etiquetado a un rubro en específico, es un crédito abierto denominado Préstamo para Políticas de Desarrollo (DPL) y forma parte de las necesidades generales de financiamiento del Gobierno.

Otra opción que tiene el gobierno para liberar recursos y disminuir la necesidad de financiamiento externo es reajustar los grandes proyectos que por cierto no tienen avances sustanciales y tienen presupuesto etiquetado y retenido; mientras que las necesidades en áreas como la salud piden a gritos atención. La consecuencia de no escuchar es la pérdida de vidas humanas por falta de recursos y no solo por Covid-19 sino también por otras enfermedades terminales a cuyos tratamientos se les retiró presupuesto.

Pero la prioridad es otra, la prioridad son los programas sociales que si bien pueden mitigar la necesidad de una familia por unos días, no resuelven el problema de la pobreza. Lo grave a mediano y largo plazo es que el desmantelamiento de las estructuras y programas gubernamentales les quitan oportunidades a estas mismas familias de que en el futuro el estado la pueda apoyar con mayor eficacia.

Entonces, la lógica financiera del actual gobierno es “echarle” a la alcancía para tener un guardadito  y lograr ganar las elecciones del próximo año. Esto aplica no sólo al  ámbito financiero, también el discurso político de los últimos días  tiene esta lógica, divide y vencerás.

La pregunta es, ¿qué pasará después de las elecciones?, cuando el prepuesto este comprometido, cuando la recaudación no alcance, cuando la calificación crediticia de México se encuentre degradada, cuando simplemente las instituciones de crédito no le quiera prestar a México y las pocas que lo hagan lo harán con altos intereses.

La respuesta a la pregunta planteada la encontramos en la historia. El alza en los impuestos, la creación de nuevos impuestos, el alza en servicios como la electricidad han sido las medidas que los gobiernos anteriores admirados por el presidente han tomado en los años posteriores a las elecciones. Aunque usted no lo crea, por ahí hay una propuesta de gravar la posesión de mascotas. Los gobiernos de corte de corte populista de otros países han tomado medidas radicales, que esperemos no suceda, este gobierno podría verse tentado a copiar en México.

Aunque el presidente ha dicho que no se aumentarán los impuestos, ni se crearán nuevos, la caída en el crecimiento económico, se traduce en una disminución en la recaudación y por ende menores recursos presupuestales. Actualmente el presidente presume un aumento en la recaudación a pesar de la crisis económica por el Covid-19, pero esto es coyuntural debido a que por estrategia fiscal muchas empresas adelantan el pago de sus impuestos para recibir las devoluciones por diferencias fiscales y tener así algo de liquidez en estos tiempos difíciles. También, el terrorismo fiscal aplicado por esta administración, logró que algunas empresas que tenían en litigio pagos hayan preferido cubrir sus adeudos fiscales y desistirse de un proceso legal. Sin embargo, esto es temporal y no lo volveremos a ver en los próximos años de este sexenio.

Ante este escenario y con el apoyo político que todavía cuenta el presidente, tiene la oportunidad histórica de realizar la reforma fiscal que tanto necesita México, la cual a diferencia de la anteriores, no tenga sólo un fin recaudatorio, sino también de potenciar a la economía y de redistribuir la riqueza, aumentando el número de contribuyentes para disminuir así la cargo fiscal de los pocos cautivos. En pocas palabras, una reforma fiscal que haga realidad los principios tributarios de generalidad, de obligatoriedad, de vinculación al gasto público, de proporcionalidad, de equidad y de legalidad o reserva de ley.

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