El error de extinguir o terminar a los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos por igual.

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Víctor Manuel Aguilar Gutiérrez

 

 

 

El pasado  2 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos.  Quedan excluidos de este Decreto aquellos fideicomisos públicos, mandatos o análogos constituidos por mandato de Ley o Decreto legislativo y cuya extinción o terminación requiera de reformas constitucionales o legales, así como los instrumentos jurídicos que sirvan como mecanismos de deuda pública, o que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones. El decreto no especifica qué fondos o fideicomisos en lo particular se extinguirán o a cuáles no les aplicará el decreto publicado, por lo que queda a discreción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la interpretación para efectos administrativos de lo previsto en el Decreto publicado.

Es importante distinguir entre los siguientes conceptos: fideicomiso, fondo y mandato público o análogo. Los tres tienen su origen en un contrato, es decir, en esencia son un contrato. De acuerdo al art. 381 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito: “En virtud del fideicomiso, el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y determinados, encomendando la realización de dichos fines a la propia institución fiduciaria”. Mediante el contrato de fideicomiso una persona física o moral, en este caso el gobierno federal, afecta recursos o bienes y los destina a un fin específico, en este caso puede ser el fomentar el desarrollo económico y social; los cuales son administrados por una institución fiduciaria mediante un comité técnico. Existen tres elementos que constituyen los fideicomisos públicos: los fideicomisarios o beneficiarios, que son el destinatario final de los bienes fideicomitidos, en este caso pueden ser científicos, artistas, emprendedores, campesinos, etc; el fideicomitente, que es la atribución que corresponde únicamente a la Secretaría de Hacienda; el fiduciario, que puede ser cualquier institución o sociedad nacional de crédito.

En el caso de los fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, se refiere a esquemas similares a los fideicomisos pero que no adoptan esta figura, por ejemplo pueden ser recursos destinados a un fin mediante una simple cuenta bancaria.

El presidente señaló que 281 fideicomisos representan alrededor de 250,000 millones de pesos que esperaba reunir para el 15 de abril. De acuerdo a lo anunciado el presidente dice que buscará que los recursos de los fideicomisos sean utilizados en cuatro propósitos: fortalecer los programas sociales; reactivación económica y otorgar créditos; apuntalar a Pemex ante la caída de los precios de petróleo; y pagar deuda pública.

De acuerdo con información publicada en El Economista, el total de los fideicomisos públicos se divide de la siguiente manera: 142 millones 500.1 mil pesos de apoyos financieros y otros; 243 millones 198.1 mil de estabilización presupuestaria; 121 millones 425.2 mil de infraestructura pública; 78 millones 156 mil de pensiones; 21 millones 825.3 mil en prestaciones laborales; 45 millones 522.9 mil de subsidios y apoyos y 87 millones 945 mil proveniente del subtotal de 310 actos jurídicos restantes.

La titular de la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dijo que con la eliminación de los fideicomisos públicos del gobierno federal “se cierra una página de opacidad, oprobio y corrupción”. Esto es parcialmente cierto, porque en efecto, algunos de estos fondos fueron utilizados como caja chica por algunas administraciones pasadas; sin embargo, no es una generalidad, ya que también este tipo de contratos representa una fabulosa herramienta para administrar recursos en apoyo a diferentes sectores y actividades, como el arte, la cultura, la ciencia, a los emprendedores, al campo, a sectores productivos en específico como a los artesanos por ejemplo.

De esta acción tomada por el presidente se advierten varios errores.

Un error es el cálculo de los recursos que piensa obtener con esta acción, ya que en la realidad los bienes con los que cuentan estos fondos extinguidos son menores a los que en papel reflejan.

La descapitalización en las instituciones fiduciarias por un significativo retiro no programado de recursos, que estas instituciones deben tener colocado, tendría un serio impacto en el sector financiero, justo en un momento en que se requiere tener mayor certidumbre. Esta variable debe ser seriamente prevista por las instancias competentes del gobierno federal.

Otro error está en tratar a todos estos fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos por igual, ya que algunos funcionan correctamente y cumplen sus objetivos, por lo que eliminarlos dejará sin cobertura a actividades y sectores que requieren de estos recursos; pero por otro lado, es urgente extinguir a aquellos que ya no están funcionando, a aquellos que efectivamente son nido de corrupción, y aquellos que actualmente ya no cuentan con recursos.

Otro grave error es el destino que se le quiere dar a los recursos obtenidos, ya que los recursos enfocados a la inversión y que están cumpliendo su función, es decir, son recursos que generan recursos mediante los rendimientos que generan; los quiere destinar a gasto, es decir, convirtiéndolos en recursos que no generaran rendimientos como fortalecer los programas sociales; apuntalar a Pemex ante la caída de los precios de petróleo; o pagar deuda pública. En pocas palabras es echar en un barril sin fondo recursos que generaban rendimientos. Solo el caso de la reactivación económica y otorgar créditos puede ser justificable, pero para ese fin sirven precisamente algunos de los fondos aludidos en el Decreto por lo que no sería necesaria su extinción.

En el caso de los fondos que vienen trabajando correctamente y que atienden actividades o sectores estratégicos, el error más grave es desmantelar estos instrumentos que costaron años construir a base de ahorros presupuestales por los que en cada año no se requería de grandes asignaciones de recursos adicionales para atender estas áreas. La pregunta es ¿de dónde saldrán los recursos para cubrir en los próximos años los huecos de atención que dejarán estos fondos?

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