Ganan amparo ante juez, pero no les entregan los insumos ni los equipos de protección ante el covid-19 en Oaxaca

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Oscar Rodríguez

 

 

En Oaxaca Médicos y enfermeras se enfrentaron al gobierno federal para exigir garantías de seguridad para hacer su trabajo sin temor a contagiarse de Covid-19 y ganaron ante un juez, una resolución para obligar al director general del ISSSTE Luis Antonio Ramírez Pineda y al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador  para que les otorgue  guantes, cubrebocas, caretas además un protocolo claro para atender pacientes contagiados.

Sin embargo han desacatado el mandamiento judicial y no han entregado nada de equipo a los reclamantes

El personal médico del Hospital Presidente Juárez del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Oaxaca, se amparó ante la justicia federal para obtener la protección necesaria para garantizar que no existieran riesgos, en este caso, que contrajeran el virus, luego de que de ese nosocomio, un trabajador de la secretaria de la Salud Estatal de la jurisdicción de Juchitán de Zaragoza, que resulto confirmado por covid-19 les escupió a varios médicos y enfermeras tras fugarse.

A principios de abril, el hospital ubicado en la zona norte de ciudad de Oaxaca, fue declarado un hospital COVID-19, como parte de las medidas de reconversión de instalaciones sanitarias que implementaron las autoridades federales del sector Salud. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las ciudades, donde hay mayor población, existe mayor riesgo de contagio.

El 25 de marzo se hizo pública una cartulina que los trabajadores había colocado dentro del hospital exigiendo tapabocas y otras protecciones frente a la pandemia y días después, el 2 de abril, ocurrió el primer incidente que demostró la vulnerabilidad en la que se encontraba el personal de ese hospital.

Un paciente, Daniel López Regalado, quien era jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 2 de Juchitán de Zaragoza de los Servicios de Salud de Oaxaca, diagnosticado con el virus SARS-CoV-2, escupió a dos trabajadores de esa unidad médica.

Por ser servidor público del gobierno estatal, pidió un trato preferencial. Cuando no lo obtuvo, arrojó saliva y tosió en contra de quienes lo atendían. Días después, el gobernador Alejandro Murat dijo que, debido a su conducta, sería removido de su cargo.

Una enfermera eventual criticó que no era justo que se hubiera admitido a un paciente así, que ya había ido “de hospital en hospital”. Denunció que ella, como sus compañeras contratadas en ese esquema, no tiene seguro.

Un segundo caso fue el del paciente que ingresó el pasado 22 de abril, quien falleció en el área de urgencias con síntomas similares a los de Covid 19, el cual no fue tratado con los protocolos necesarios y fueron más de 20 personas las que estuvieron en contacto con él, por lo que ya se encuentran en aislamiento.

Este paciente que se encontraba intubado murió en el área de urgencias y se desconoce si era caso positivo a Covid 19.

Fue entonces que el 15 de abril,  que se presento el recurso judicial  y acuerdo con la demanda de amparo, fue firmado por Víctor Cruz Lucas –médico del hospital– y otros trabajadores  mas.

“Señalaron como actos reclamados los siguientes: la conducta de omisión por parte de las autoridades responsables, al no cumplir con la obligación de minimizar el riesgo de accidentes y enfermedades por el ejercicio de la profesión u oficio (higiene y prevención) y no proporcionar a los trabajadores de la salud capacitación adecuada en el control de infecciones, así como los equipamientos protectores y vestuario adecuado para hacer frente a la pandemia del virus SARS-Cov-2 (Covid-19), ante la amenaza grave de ser contagiados por tener contacto directo con casos

En definitiva el Juez Noveno de Distrito en Oaxaca, Pedro Gerardo Álvarez Álvarez, les dio la razón y concedió una “suspensión de plano”; así, se ordena a las autoridades señaladas como responsables a que brinden las protecciones al personal, mientras se siguen las audiencias.

El juzgador consideró que, en este caso, existían violaciones constitucionales y no se garantizaba el derecho a la salud de los trabajadores.

“Las omisiones reclamadas se estima podrían en grave riesgo la salud de los trabajadores, lo que haría físicamente imposible restituirles en el goce del derecho reclamado”, dictaminó el juez.

Entonces, se ordenó a las autoridades: aplicar las medidas y acciones sanitarias de contención y prevención del COVID-19; proveer los insumos como equipo e instrumental médico, material de protección, seguridad sanitaria, a efecto de que puedan prestar debidamente el servicio, con los mayores estandartes de seguridad para su salud, además de proveer la capacitación y protocolos necesarios a la parte quejosa.

De acuerdo con el expediente 314/2020, se requirió a las autoridades para que en lo inmediato dieran los insumos necesarios a los reclamantes que también han expresado preocupación por la seguridad que tienen en su centro de trabajo, además piden que se les aplique el “bono de epidemia”, una prestación adicional emergente que se propuso en el IMSS.

En conferencia de prensa médicos y personal del Hospital Regional Presidente Juárez del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) denunciaron que de parte del gobierno federal hay un desacato por que aun no se cumple con el acto reclamado y todavía no les entregan el equipo necesario para realizar su trabajo.

El médico Víctor Cruz Lucas, dijo que el personal no cuenta con lo mínimo necesario para el desempeño de sus funciones en el área para atender Covid 19.

“Estamos en la etapa más crítica y no podemos seguir trabajando en esas condiciones” y precisó que en el área de Covid de ese hospital solo cuenta con 10 ventiladores y dos médicos internistas.

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