EL BIEN MAYOR …

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¿Hacia a dónde vamos a 100 días de la administración pública federal?

 

Víctor Manuel Aguilar Gutiérrez

 

A cien días de la toma de posesión del nuevo gobierno federal es necesario hacer un balance. Por alguna razón, la evaluación de los primeros  100 días de gobierno se ha vuelto una parada obligada para cada nueva administración, ya sea federal, estatal o municipal.

Mediáticamente todos los días se satura de información al público en las conferencias mañaneras, creando la percepción en la opinión pública de que se han realizado “muchas”  acciones y obtenido “muchos” resultados, los defensores de este gobierno no se cansan de pregonarlo, pero haciendo un análisis nos damos cuenta que es más discurso, o activismo reactivo y sin rumbo que acciones planeadas y organizadas, mucho menos con resultados concretos.

Los temas centrales de estos 100 días fueron: la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México; el “show” del “permiso a la madre tierra” para la construcción del Tren Maya; el envío para su venta del avión presidencial a un hangar de California; la reducción de sueldos de mandos medios y superiores del Gobierno Federal; despidos masivos en varias dependencias; la desaparición de varias dependencias como el Estado Mayor Presidencial, el CISEN, Proméxico y Prospera entre otras; la desaparición de programas sociales anteriores y el anuncio de los nuevos programas sociales de entrega directa a la población objetivo; el combate al “huachicol”; quitar pensiones a expresidentes; cancelar prestaciones como seguros de vida, de gastos médicos mayores y de separación individualizado a los servidores públicos; la creación de la Guardia Nacional; y la excesiva concentración de poder en la persona del Presidente de la República.

En síntesis, pareciera que el objetivo para estos primeros 100 días es la destrucción de la administración pública federal especialmente de los avances logrados en las administraciones panistas como el seguro popular, las estancias infantiles, o los refugios para mujeres, o los organismos autónomos, así como las reformas peñistas,  y por otro lado la concentración del poder, en quien no se asume como presidente sino como “caudillo”.

Se puede entender la lógica de destruir lo establecido para construir algo mejor, como cuando se limpia un terreno o se demuele una casa vieja  para construir una nueva casa o edificio, pero en el  caso de esta administración no queda claro qué se quiere construir. Sin embargo, se destruyen las instituciones que prácticamente nos ha llevado 200 años en construir. Ninguna institución es perfecta, porque está integrada por seres humanos imperfectos, y justo ahí radica la habilidad del administrador público profesional de  lograr que las instituciones cumplan sus funciones a pesar de los intereses e imperfecciones personales. El México prospero que constantemente refiera el presidente añorando a la época del “desarrollo estabilizador”, se construyó cuando se crearon instituciones  que perdurarían más allá de los “caudillo revolucionarios” de esos tiempos.

Es momento de dar certezas y definiciones, ¿hacia a dónde vamos? ¿qué se quiere construir?, si bien esto deberá quedar plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, el discurso actual deberá frenar el ambiente de  incertidumbre. Siendo objetivos, lo que salta a la vista es el retroceso de un México institucional al México de un solo caudillo. De una democracia participativa, donde la sociedad civil y los ciudadanos cada vez ganaban espacios de participación a una democracia representativa donde con el pretexto de alta votación obtenida y los altos índices de aceptación el presidente actual se asume como el pueblo: el pueblo soy yo. De un país de leyes llámese “Estado de Derecho” a un país de la moral de un solo hombre, una especie de fundamentalismo difícil de interpretar. De una república federativa a una república centralista en los hechos. De una república con división de poderes a una monarquía disfrazada de república donde gobierna un iluminado que diariamente por las mañanas dicta “sentencia”, declara “inocentes” y “culpables”, dice que es “bueno” y “malo”. Regresamos al viejo discurso de mediados del siglo XIX de confrontación entre liberales y conservadores. El retroceso es de 200 años y quizá más, regresamos a tiempos de la colonia.  Hoy tenemos una especie de Santa Inquisición en el aparato gubernamental que se vuelca contra quien se atreve a ser contrapeso del poder llámense organismos autónomos o calificadoras.

En lo económico, la austeridad y los ahorros obtenidos no bastan por si solos para traducirse en mejoras para la sociedad, por el contrario crean más pobreza y miseria, se requiere que los recursos adicionales se traduzcan en  inversión inteligente para generar crecimiento y desarrollo económico. Hasta ahora los ahorros se han gastado en la cancelación del aeropuerto, en el pago del hangar en California del avión presidencial, en compra de pipas sin observar la legislación en materia de adquisiciones y además en el extranjero, en detrimento de proveedores nacionales y de la economía nacional. La concentración de las compras también afectara al desarrollo regional, La inversión privada propuesta por el Consejo Coordinador Empresarial no es suficiente para alcanzar la meta de crecimiento económico al 4% en este año. Las calificadoras, el Banco de México, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, tienen razón en recortar las expectativas de crecimiento.

De la corrupción ni hablar, no ha disminuido ni un ápice, podemos decir que en esta administración la corrupción “ni se crea ni se destruye solo se transforma”.

¿Hacia a dónde vamos?  Las respuestas del futuro quizá las encontraremos en el pasado, especialmente en los sexenios de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo o en la Venezuela de Chávez y Maduro.

 

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