LA CÁMARA DE DIPUTADOS COMETERÁ UN ERROR HISTÓRICO SI APRUEBA UNA VERSIÓN RECORTADA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

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Ciudad de México, a 23 de junio de 2019.

 

 

El Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, cometerá un error histórico en caso de aprobar esta semana una versión recortada de la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) enviada por el Ejecutivo Federal el pasado 30 de abril.

El documento íntegro consta de 289 cuartillas, que incorporan los objetivos, estrategias, indicadores y metas de un plan de gobierno a 6 años. El mismo es producto del proceso de planeación democrática del desarrollo; en el que por ley participan, además de las dependencias y entidades de la administración pública federal, miles de ciudadanas y ciudadanos.

Sin embargo, la versión que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados envió a las Comisiones Ordinarias para su revisión y eventual aprobación, que podría darse el próximo jueves 27 de junio, incluye solo las 64 primeras páginas del documento original, que únicamente exponen el enfoque ideológico y los principios axiológicos desde los cuales el Ejecutivo Federal propone gestionar su administración.

De aprobarse esta versión en la Cámara de Diputados, se atentará contra los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación y empoderamiento de la sociedad con los que se ha comprometido la Cuarta Transformación. En principio, se ignorará el mandato de la ley en cuanto al proceso de elaboración del plan y sus contenidos mínimos; además de que se dejarán de lado elementos clave de política pública que son esenciales para ordenar la acción y el presupuesto del gobierno, pero también para evaluar su ejercicio y sus resultados.

Lo anterior, en virtud de que se eliminan los contenidos programáticos que permiten derivar programas sectoriales, especiales y presupuestales; así como los indicadores y metas que habían sido integradas para poder realizar un adecuado seguimiento, evaluación y ejercicio ordenado del desempeño de la Administración Pública Federal.

De aprobarse la versión incompleta del PND, se eliminarán ─entre otros aspectos fundamentales para la vida democrática del país─ el enfoque de derechos humanos, de género y de infancia; así como estrategias de atención las víctimas, acciones de prevención de la violencia, o de cuidado del medio ambiente.  De manera específica, se desecharía el compromiso con una política integral de primera infancia, que se ha demostrado es fundamental para abatir la desigualdad, el bajo aprovechamiento escolar, el embarazo adolescente, la baja productividad y la delincuencia.

La decisión de la Cámara de Diputados de discutir y eventualmente dictaminar como aprobadas únicamente las 64 páginas iniciales, representaría un retroceso en la apertura con la que se han comprometido los Poderes Legislativo y Ejecutivo, dejaría de lado temas esenciales para la construcción de una sociedad más equitativa y justa; y significaría abandonar la obligación de planear a partir de las prioridades de la sociedad.

 Es importante destacar que, el apego a la Ley, el Ejecutivo Federal organizó una serie de foros de participación para la integración del PND, en los que participaron servidores públicos, actores políticos y económicos, especialistas, expertos, organizaciones civiles y sociedad en general, quienes enriquecieron los objetivos, estrategias, indicadores y metas que se plantean en las 289 páginas del documento completo. Aprobar la versión corta del plan ignora este compromiso legal y político, y convierte a los foros de planeación democrático del desarrollo en un  ejercicio de  simulación.

 

La Cámara de Diputados no debe fallarle al pueblo de México hoy que tiene ─por primera vez en la historia del país─ la posibilidad de revisar y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo; hacerlo sobre una versión que no cumple los contenidos que mandata la ley, que ignora la opinión de la sociedad y que se centra únicamente en principios ideológicos representaría un grave retroceso en la lucha por un gobierno abierto, transparente, justo, cercano y apegado a la ley por el  que la ciudadanía se manifestó en las urnas.

El Pacto por la Primera Infancia, colectivo integrado por 420 organizaciones sociales que promueven los derechos de la niñez temprana, pide a esa soberanía retomar la revisión, discusión, y en su caso aprobación del documento íntegro del PND.

 

 

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