LA ICC MÉXICO Y LA SFP SE COMPROMETIERON A SEGUIR IMPULSANDO LA INTEGRIDAD EMPRESARIAL Y DEL SECTOR PÚBLICO

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Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2019

 

La Cámara Internacional de Comercio Capítulo México (ICC por sus siglas en inglés) y el gobierno
de la República a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se comprometieron este día
durante la inauguración del III Congreso Internacional Contra la Corrupción a seguir impulsando la
integridad empresarial y del sector público, como un mecanismo para disminuir la corrupción y la
impunidad, los desafíos más grandes de la época.
La invitada de honor, la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, como el vicepresidente de
la International Chamber of Commerce (ICC) en México, Claus Von Wobeser y el presidente de la
Comisión Anticorrupción de la ICC México, Roberto Hernández García, coincidieron en que sólo se
podrá vencer a la corrupción e impunidad con una lucha conjunta, un cambio de mentalidad y la
utilización de herramientas donde ambas partes han aportado sus conocimientos y experiencias
como el Padrón de Integridad Empresarial.
Este padrón, dijo la titular de la SFP, contempla el reconocimiento de las empresas que cumplen
con la Ley y toman medidas concretas para prevenir la corrupción. En él, las empresas deberán
completar una serie de módulos en una plataforma electrónica, donde registrarán información de
cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social, así como políticas de integridad y
responsabilidad con el medio ambiente, por mencionar algunas.
Claus Von Wobeser, vicepresidente de ICC México expresó ante los asistentes al evento que un
buen punto de partida para fortalecer la integridad de gobierno y empresas privadas en México lo
constituye el primer paquete del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, anunciado
ayer por el Presidente de la República, donde habrá una inversión cercana a los 43 mil millones de
dólares en 147 proyectos para los próximos 5 años.
El sector privado es la mitad del problema y debemos de combatir el mal desde adentro,
fomentando que nuestras empresas y empresarios sean honestos, éticos y responsables, en un
mundo que parece reconocer y premiar a los “más vivos” y “abusivos”, aseveró Roberto
Hernández García, presidente de la Comisión Anticorrupción de la ICC, quien agregó que a sus 100
años, la ICC, ha demostrado no solo con palabras, sino con hechos, que está a favor de la
integridad y preocupada de cómo hacer realidad los esfuerzos para fomentarla y exigirla,
mediante sus múltiples actividades, publicaciones, y herramientas.

 

La secretaria Sandoval Ballesteros recordó que de acuerdo con la Organización de las Naciones
Unidas, cada año se paga alrededor de un billón de dólares en sobornos y se calcula un robo de
aproximadamente 2.6 billones de dólares anuales mediante actos de corrupción, suma que
equivale a más del 5% del producto interno bruto mundial y si la corrupción fuera un país, sería el
quinto más rico del mundo.
Si bien es claro que la corrupción no ha terminado ni terminará en México, donde su costo se
calcula cercano al 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), dijo Roberto Hernández, por lo
que la ICC ha dado y dará lo mejor de los conocimientos y medios a su alcance para apoyar
cualquier labor iniciada por la administración tendiente a prevenir, combatir, erradicar y sobre
todo, sancionar la corrupción en la forma más enérgica y enfática posible.
Claus Von Wobeser agregó que sólo un sistema económico con empresas íntegras, libre de
corrupción, permitirá que todos sus participantes compitan en igualdad de condiciones por lo que
sugirió que sería deseable establecer una serie de requisitos mínimos de planeación para cada
proyecto de infraestructura antes de ser licitado cada contrato y hacerlo público mediante
CompraNet, el sistema electrónico de información pública gubernamental en materia de
contrataciones públicas.
Finalmente, la secretaria Irma Eréndira Sandoval, reconoció que el sector empresarial es un actor
fundamental de la construcción de una nueva ética pública, en la relación Estado-sociedad y que
dicha ética debe estar basada en el deber público y en la prevalencia del bienestar social, sobre
cualquier otro interés particular.

 

 

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