LOGRA GOBIERNO REGRESO DE DESPLAZADOS TRIQUIS A SUS COMUNIDADES DE ORIGEN

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Oscar Rodríguez

Luego de 10 años de conflicto, autoridades estatales y de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), lograron el regreso de un grupo de familias triquis que habían sido desplazadas de sus comunidades de origen por disputas violentas.

Las familias habían huido a la ciudad de Oaxaca, donde algunos se mantienen aún en protesta en un campamento que se instaló en los corredores del palacio de gobierno.

El secretario general de Gobierno Francisco García López, dijo que luego de varias mesas de diálogo, se logró alcanzar un punto de acuerdo con uno de los grupos y las autoridades municipales de la zona para que pudieran regresar a sus comunidades de origen a recuperar su tierras y viviendas en una de las zonas que habían abandonado, al cesar las amenazas de muerte, y los altercado, además de enfrentamientos con grupos rivales.

Detalló que en el protocolo de retorno, las familias fueron asistidas por visitadores de derechos humanos y policías estatales, así como organismos autónomos.

Precisó que fueron un total de 270 personas las que conforman este primer grupo que  regresó pacíficamente y ordenadamente a la comunidad de “Tierra Blanca” Copala, Juxtlahuaca.

Como garantías se seguirá trabajando para garantizar en las zonas las condiciones de paz y orden por lo que se acordó la instalación de un destacamento de la Policía Estatal  y la Guardia Nacional, como fuerza garante de la paz, misma que realizarán recorridos constantes de vigilancia, para lograr el restablecimiento de la tranquilidad en el lugar.

El titular de la Segego Francisco García López, adelantó que se seguirá trabajando para lograr el retorno pacifico del resto de familias que siguen desplazadas por la violencia en la zona triqui, particularmente con el otro  grupo que sigue en protesta en la ciudad de Oaxaca y que tiene a su favor medidas dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Detalló que en este trabajo el tema es más complejo, pero se sigue agotando el diálogo para alcanzar que retornen pacíficamente a sus comunidades de origen en la zona triqui.

En los últimos 3 años gobierno de Oaxaca ha entregado 15 millones de pesos a los 153  triquis que fueron desplazados de San Juan Copala por un conflicto social y político, surgido en 2010, sin embargo estos se niega a retirarse de su protestas frente a la sede del Palacio de Gobierno, por que exigen regresar a sus comunidades de origen, y demandan que se castigue a los responsables de asesinatos, despojo, torturas y lesiones, que han padecido por parte de grupos caciquiles.

Los desplazados cuentan con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y habitan en diversas viviendas de intereses sociales cuya renta paga el gobierno estatal, además de que reciben un apoyo por ayuda alimentaria.

El secretario general de gobierno (Segegob),, aceptó que el tema de las familias desplazadas de San Juan Copala, data de un conflicto interno surgido en los regímenes del ex gobernador Ulises Ruiz y Gabino Cué,  mismo que se mantiene sin resolverse por que aún no se logra su regresos pacifico a sus comunidades.

Dijo que la falta de atención de los ex gobernadores generó que interviniera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que incluso dictó medidas cautelares a favor de los triquis, donde se pide al gobierno estatal se garantizara las condiciones de seguridad y bienestar.

Ante ello, según el titular de la (Segegob), afirmó que se ha dado respuesta a todos los requerimientos, dotándolo de vivienda, y sustento, y un  terreno con materiales donde puedan construir sus propias viviendas.

“se les ofrece todas las condiciones que requieren las familias para vivir y tener un desarrollo pleno, hasta con comodidad”.

Pero el grupo se niega aceptar esta ayuda y se mantienen posesionadas de los corredores del Palacio de Gobierno, que han utilizado para realizar su vendimia de artesanías y ropa regional.

En tanto las representantes de los desplazados triquis, Guadalupe Santiago y  Jesús Martínez Flores, promotor de la alcaldía autónoma de San Juan Copala con sede alterna en La Brama Paraje Pérez, exigieron que se cumpla con la petición ante la CIDH para que los ex gobernadores Ulises Ruiz y Gabino Cué sean procesados por delitos de lesa humanidad, porque a su decir ellos son los causante de la militarización de la zona triqui en consecuencia de ofrecer impunidad a los líderes de los Movimientos Unificador de Lucha Triqui (MULT) y Movimiento de Lucha Triqui Independiente (MULTI) de despojos, crimenes, torturas e invasiones.

“Nosotros queremos regresar a nuestra tierra natal, recuperar nuestros predios y nuestras viviendas que fueron quemadas por los líderes y grupos paramilitares ligados con narcotraficantes y caciques regionales adheridos y simpatizantes del partido estatal Unidad Popular (PUP).

Éramos 140 familias, pero ahora quedan menos de 40, que siguen en la lucha, otros ya desistieron y decidieron buscar futuro en otras tierras. Nosotros no, seguimos en la lucha en espera de que el gobierno federal y estatal generen condiciones para regresar a nuestros pueblos y comunidades de donde fuimos desterrados por la violencia y el odio”.

Los líderes triquis sostienen que la unidad demanda en su pliego de peticiones es que el estado mexicano brinde las garantías, seguridad, para poder regresar a San Juan Copala, actualmente tomada por paramilitares”.

“Julián González Domínguez era uno de los beneficiarios de la Medida Cautelar 197/10, otorgada por la Comisión el 7 de octubre de 2010 para proteger la vida e integridad de 135 habitantes de San Juan Copala, Oaxaca. La solicitud de medida cautelar alegaba que los miembros del pueblo indígena Triqui en San Juan Copala se encontraban desplazados a consecuencia de repetidos ataques violentos en su contra por parte de un grupo armado. Éste es el segundo beneficiario de la medida cautelar 197/10 en ser asesinado, tras la muerte en 2011 del líder triqui Antonio López Martínez”, resaltó la CIDH en un comunicado de repudio al crimen.

“La seguridad nunca se ha dado”, reafirma Jesús Martínez Flores, quien carga una permanente amenaza de agresión.

A pesar de las muertes, la miseria y el nomadismo forzado, la respuesta de las autoridades, incluyendo el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador fue el desdén.

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