¿MÉXICO ESTÁ LISTO PARA REABRIR LAS ACTIVIDADES?

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Ciudad de México, 18 de mayo 2020

 

 

Este lunes 18 de mayo comienza la primera etapa del plan para reabrir la economía y las actividades sociales y educativas. En la primera fase del plan original se contemplaba que 269 municipios de 15 entidades que no tienen casos de COVID-19 vuelvan a sus actividades normales con cercos sanitarios y jornadas de salud. Esa lista de municipios se modificó y hoy se plantea que los municipios liberados en esta etapa sean 324.

 

 

La presentación del plan de reapertura ofrece cierto grado de certidumbre sobre la gestión del Gobierno en el levantamiento de las medidas sanitarias. Sin embargo, no se cuenta con información de la etapa de la epidemia en la que se encuentra México, debido al reducido número de pruebas realizadas y se desconoce el nivel y evolución de los contagios a nivel local.

 

 

¿México tiene toda la información para empezar abrir actividades económicas y sociales?

 

Probablemente no. Aún existe incertidumbre sobre la etapa de la epidemia de COVID-19 en la que se encuentra México. Debido al reducido número de pruebas realizadas, así como al alcance limitado de la red de instituciones de salud pública encargadas de monitorear el nivel y evolución de los contagios en el país, es altamente probable que por el momento no se cuente con información suficiente para dar inicio a una estrategia de levantamiento de las medidas preventivas de contagio. El plan de reapertura debe ponderar las limitaciones al modelo de monitoreo de la COVID-19 que sigue México.

 

 

Es fundamental comprender y gestionar el proceso de reapertura con base en el riesgo de propagación de cada región. Medir ese riesgo ayudará a identificar ciudades que por sus características sociodemográficas y estructurales necesitan más cautela para regresar a la normalidad o que tienen alta probabilidad de presentar un rebote y expansión de casos tras el relajamiento de medidas sanitarias.

 

 

El Índice de Riesgo de Propagación de COVID-19 evalúa, entre otras cosas, el tamaño y densidad de la población de las localidades, su perfil demográfico por grupo de edad, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud, el número de viviendas con un solo cuarto, el promedio de habitantes por vivienda y el número de viviendas que no tienen agua.

 

 

Utilizar únicamente la información de casos obtenida mediante el Modelo Centinela puede derivar en escenarios como el de Chile, donde se registró un repunte de contagios de coronavirus tras la implementación de medidas más laxas de confinamiento.

 

 

Resultados del Índice de Riesgo de Propagación

 

 

No todas las zonas metropolitanas tienen los mismos patrones y tendencias de casos confirmados ni de riesgo de propagación. Es posible que la distribución de casos confirmados esté relacionada con el tamaño de las ciudades, con la ubicación de los centros de monitoreo de la enfermedad (centinelas) y con la implementación de medidas de distanciamiento social.

Aproximadamente el 53% de los casos confirmados en México se han ubicado en municipios clasificados por este índice como de muy alto riesgo y 29% en los municipios de alto riesgo (con datos al 13 de mayo).

El Valle de México, junto con Puebla y Tijuana, se encuentran dentro del grupo de ciudades con muy alto riesgo de propagación y que han registrado una alta prevalencia de COVID-19 en su población.

Ciudades como Guadalajara o Monterrey, con niveles muy altos de riesgo de propagación, han tenido menos casos confirmados por millón de habitantes que el promedio de las 78 ciudades más grandes de México. Esto puede deberse a que las medidas de distanciamiento social y de apoyo a trabajadores y pequeños negocios  han funcionado.

Villahermosa, Cancún, Mexicali y Culiacán cuentan con un nivel de riesgo mucho menor en comparación con el Valle de México, Guadalajara o Monterrey, pero las medidas preventivas de contagio no han logrado detener la propagación del virus. Estas cuatro ciudades tienen una prevalencia de COVID-19 mucho más alta de la esperada dado su nivel de riesgo.

Los municipios de la esperanza también están en riesgo. El 50% de la población que habita en localidades originalmente definidas como municipios de la esperanza se encuentra en zonas de alto o muy alto riesgo de propagación. La presencia o ausencia de casos en esas localidades o sus vecinos no es un indicador suficiente para determinar la capacidad de abrir sus actividades a la normalidad.

 

El Índice de Riesgo de Propagación de COVID-19 ofrece a las autoridades un enfoque distinto sobre la manera y momento en que se debe realizar al reapertura de las actividades sociales y económicas en el país. Debido a los vacíos de información y el bajo número de pruebas para monitorear casos de COVID-19 a nivel local, el número de casos confirmados no debe ser la única métrica para definir que un municipio o entidad está listo para regresar a la normalidad. El proceso de implementación de un plan de reapertura debe identificar las zonas que pueden verse más afectadas. Por estas razones, el IMCO propone:

 

Evaluar la posibilidad de reapertura a nivel local y nacional con base en indicadores de riesgo de propagación, vulnerabilidad de la población, estructura económica y la extensión y profundidad de casos confirmados. El riesgo de contagio, la prevalencia de casos de COVID-19 y el riesgo de las poblaciones más vulnerables debe marcar la pauta para la apertura de actividades. Debe existir flexibilidad en los tiempos y formas en los que se pretende regresar a la normalidad de las actividades ya que es posible que se cuente con toda la información necesaria para declarar a municipios o zonas metropolitanas como seguras por ahora.

El Gobierno federal debe financiar e implementar una campaña de pruebas masivas y de rastreo sistemático para evitar rebrotes. Esto incluye no solo identificar personas con síntomas graves, sino asintomáticos y personas con las que han tenido contacto. Con estos datos es necesario incluir en la metodología de semáforos locales la tendencia a la baja de casos confirmados, y no únicamente el nivel de contagio.

Eliminar obstáculos regulatorios para gestionar procesos ágiles de importación de pruebas e insumos básicos para su manufactura, así como permitir su aplicación en instituciones privadas.

Generar y financiar planes de apoyo económico, específicamente para los municipios más vulnerables, que les permitan resistir la contingencia y recuperarse posteriormente. Las familias y pequeños negocios de los municipios y estados con semáforos en rojo necesitarán apoyo económico para poder seguir las indicaciones de distanciamiento social. A nivel local se han identificado los siguientes tipos de medidas a implementar:

Apoyos directos y crédito para pequeñas y medianas empresas, especialmente transferencias directas para cubrir el costo de nómina.

Incentivos fiscales, condonación y aplazamiento de impuestos para pymes.

Transferencias para personas que caigan en desempleo.

Apoyos y transferencias directas a familias, ya sea en especie o a través de la ampliación de programas sociales.

Debe existir total transparencia en la metodología de semáforo anunciada por el Gobierno federal con el fin de que expertos, centros de investigación, académicos y organizaciones de la sociedad civil tengan información que permita generar mejores propuestas de política pública para el proceso de reapertura, y fortalecer el proceso de comunicación con los ciudadanos.

 

Más datos permiten a la sociedad civil participar en la socialización de información sobre la evolución de la pandemia y las medidas sanitarias de cuidado.

 

 

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