No existe pretexto alguno para no cumplir con la normatividad en transparencia presupuestaria

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En relación con las declaraciones emitidas por la Dra. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, respecto al Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) 2019, en el que la Ciudad de México obtiene una calificación del 51.8%, el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) realiza el siguiente pronunciamiento:
El IMCO reconoce que la nueva Administración de la CDMX ha realizado esfuerzos de transparencia y rendición de cuentas. Por ejemplo, el trabajo de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) ha sido indispensable para construir un portal de internet que pone a disposición de la ciudadanía información relevante sobre el ejercicio de su gasto público.
Sin embargo, esfuerzos como este no pueden sustituir el cumplimiento de sus obligaciones de ley en materia de transparencia presupuestal. Los criterios integrados en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera, Ley General de Transparencia y leyes estatales tienen como objetivo que la información sea comparable entre entidades y a lo largo del tiempo.
El IMCO ha estudiado la calidad de la información de las leyes de ingresos y de los presupuestos de egresos de las entidades federativas durante 11 años. En este periodo, la calificación promedio de la CDMX ha sido del 56%.
De acuerdo con los tiempos presupuestarios, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto del Presupuesto de Egresos de 2019 iniciaron en la [1]Administración de Miguel Ángel Mancera.
La Administración de la Dra. Claudia Sheinbaum continuó con el trabajo del paquete económico 2019 y lo publicó con criterios inerciales de pasadas administraciones en la gaceta oficial el 13 de diciembre de 2018. Se presentó ante la nueva asamblea de la Ciudad de México el 19 de diciembre del mismo año.
Al igual que en otras entidades federativas, esperamos que 2020 sea la oportunidad para que la Ciudad de México cumpla en mejor medida con la normatividad vigente y las buenas prácticas en materia de transparencia presupuestal. 

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