Reinserta hace un llamado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República a atender la problemática penitenciaria en México

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En Reinserta, hacemos un llamado al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño para atender la problemática penitenciaria en México como un tema de seguridad nacional y nos sumamos a las acciones de gobierno encaminadas a mejorar el funcionamiento de las prisiones de nuestro país, teniendo como ejes rectores la dignificación, la tutela de derechos humanos y la gobernabilidad de las mismas.
El año 2019 se enfila a su recta final, como uno de los años más violentos en México. Hasta hace 5 días se contabilizaba una cifra de 28,741 homicidios y según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre se han registrado 1,699,097 delitos cometidos; esto, recordando que en nuestro país el 96% de los delitos que se cometen no son denunciados.
Las instituciones y el poder público parecen estar rebasados ante el panorama tan complicado y la escalada en violencia y crímenes, situación que se presenta aún más complicada para aquellas instituciones que han subsistido en graves condiciones de abandono e indiferencia social, tal como los sistemas penitenciarios de México.
La finalidad de los centros de reclusión ha sido discutida y replanteada a lo largo de la historia de la humanidad, pero desde un punto de vista pragmático, a la pena privativa de la libertad se le considera como la opción más lesiva para las personas y a los centros de reclusión se les concibe como un mecanismo para contener la comisión de delitos y como aquellos lugares en los que se efectúan procesos de reinserción para que las personas que han cometido un delito se alleguen de las herramientas necesarias para alejarse de las dinámicas delictivas. Pero ¿Qué ocurre cuando en estos lugares pensados para la reinserción social, se siguen gestando delitos? La respuesta es alarmante, pues pensar que el poder estatal y el funcionamiento institucional son tan débiles como para no garantizar la gobernabilidad en los centros de reclusión, coloca a la sociedad en un grave estado de vulnerabilidad.
En este 2019 se han registrado sucesos graves en el sistema penitenciario de México, motines que han derivado en la pérdida de vidas, riñas y fugas masivas como la registrada en el «jueves negro» de Culiacán y el evento más reciente en el CEFEREPSI de Ayala, Morelos. La situación que permea en los centros de reclusión en México, se hace patente en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciara 2019 de la CNDH en el que se urge a atender las condiciones de seguridad y gobernabilidad en las prisiones del país, en las que, de manera general se detecta:
* Insuficiencia de personal de seguridad y custodia
* Condiciones de autogobierno/cogobierno y
* Presencia de actividades ilícitas
Es indispensable visibilizar la importancia y trascendencia del buen funcionamiento del sistema penitenciario nacional en las condiciones generales de seguridad de nuestro país. Aunado a esto, resulta imposible garantizar la protección a derechos humanos de todas las personas en contacto con el sistema penitenciario (incluyendo a los funcionarios) y la eficacia de los procesos de reinserción para evitar la reincidencia delictiva, si el poder estatal no apuesta por dignificar las prisiones y tomar el control absoluto de las mismas.
Reinserta

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